Los trabajadores públicos, mineros y sectores populares afiliados a la Central Obrera Boliviana (COB) cumplen este viernes 12 días de huelga general indefinida y bloqueos de carreteras en defensa de sus derechos económicos y sociales.

La movilización, que comenzó con un pliego petitorio de más de 100 demandas sindicales, se radicalizó tras la propuesta de las bases campesinas aimaras del altiplano de exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz, a quien la clase trabajadora acusa de profundizar la crisis y de permitir graves hechos de corrupción, como la importación de gasolina contaminada.

La fuerza obrera mantiene paralizados los principales accesos viales, generando dificulta para el abastecimiento, distribución de combustibles y alimentos en La Paz, demostrando la capacidad de articulación de los sindicatos frente a la falta de respuestas del Ejecutivo.

Pese al impacto de la medida, las bases sindicales sostienen que la huelga es la única herramienta legítima para hacer escuchar sus demandas de justicia social.

En ese sentido, Benedicto Paí, dirigente de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, señaló que la movilización nacional responde al abandono estatal, lo que forzó a las bases a radicalizar sus demandas frente al deterioro del país.

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En respuesta a las medidas de fuerza, el Ejecutivo boliviano optó por criminalizar la protesta social. El vocero presidencial, José Luis Gálvez, acusó falsamente a los trabajadores movilizados de estar patrocinados por el narcotráfico y de responder a intereses de desestabilización política.

Además de las descalificaciones, el Gobierno amenazó con utilizar el aparato policial y militar para dispersar por la fuerza los puntos de bloqueo, una medida que los trabajadores públicos y originarios consideran una declaración de represión que no frenará la dignidad de su lucha en las calles.

La inacción gubernamental profundizó el desabastecimiento en las principales ciudades, provocando que el 80% de las estaciones de servicio en La Paz cierren por la falta absoluta de gasolina y diésel. Asimismo, la parálisis económica se refleja en la severa escasez de alimentos básicos como carne de res y pollo, afectando directamente la subsistencia de las familias trabajadoras.

A pesar de los 47 puntos de bloqueo registrados solo en el departamento de La Paz y de la paralización en otras tres regiones, el Gobierno mantiene una postura de cerrada ante las demandas populares y busca deslindarse de su responsabilidad en el colapso logístico.

En paralelo, los máximos dirigentes sindicales iniciaron una asamblea ampliada para definir nuevas medidas de presión ante el anuncio de la policía de usar la fuerza pública y el apoyo militar para desbloquear las carreteras.

Los trabajadores aseguran que las amenazas de represión no detendrán las movilizaciones, las cuales responsabilizan directamente a la gestión de Rodrigo Paz por el empobrecimiento y la inestabilidad que sufre la nación.

Mientras los mineros movilizan entre el 60% y 70% de sus bases hacia la capital. En ese sentido, sostienen que la verdadera amenaza es la gestión de Paz, marcada por la ineficiencia y la represión a las demandas de los trabajadores y pueblos originarios.

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